El modelo del concierto educativo en España

La Constitución Española de 1978 elevó la educación al rango de derecho fundamental de las personas (artículo 27), obligando de esta manera a los poderes públicos a establecer y sostener la educación como un servicio público accesible, gratuito y universal (en niveles obligatorios). El primer desarrollo legal que tuvo esta disposición constitucional fue la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, conocida como LODE, y que, entre otros contenidos, estableció el sistema de conciertos, todavía vigente al día de hoy.

Ahora bien, la LODE, y dentro de ésta, el sistema de conciertos, ni era un “programa de futuro”, ni se sostenía en una  verdadera visión estratégica, a largo plazo, del sistema educativo español. En realidad, era un pacto entre la Iglesia y el Gobierno del momento, que trataba de congelar en el tiempo, consolidar y “cosificar” el statu quo existente, que consistía básicamente en la red de centros públicos (entonces dependientes del MEC), complementada por una red privada consolidada, de titularidad de órdenes religiosas católicas, sostenida con subvenciones y mayoritariamente establecida en el centro de las ciudades, a lo que cabía añadir un grupo minoritario pero prestigioso de centros totalmente privados, no sostenidos con fondos públicos.

Como digo, el sistema de conciertos tenía por objeto consolidar este statu quo, y de hecho sirvió, en la práctica, para “desalojar” del sector a empresas y personas privadas, no vinculadas a la jerarquía eclesiástica, titulares de centros “de barrio”, normalmente fundados en la década de los 70 del pasado siglo, colegios que habitualmente no tenían el tamaño, ni el prestigio, ni la solidez financiera para competir con los públicos o privados anteriormente descritos.

El sistema de conciertos, desde su inicio, impide expresamente que ninguna subvención o ayuda pública pueda destinarse a la amortización de las inversiones necesarias para la puesta en marcha de los centros, e implícita pero claramente excluye que pueda existir cualquier clase de “beneficio industrial” en la gestión de un colegio concertado, aunque, por otro lado, no se establece en ningún sitio que los centros, o sus titulares, deban de ser personas o entidades “sin ánimo de lucro”. Sí se insiste, en cambio, en que las actividades extraescolares o servicios complementarios no pueden tener “carácter lucrativo”.

Sin embargo, frente a lo que se pretendía con la LODE, la realidad educativa española evolucionó, y muy rápidamente, a partir de 1985, de forma que en los “resquicios” del sistema se crearon y florecieron nuevos centros educativos privados concertados, no vinculados a la Iglesia o a otras instituciones preexistentes, sino promovidos, generalmente, por grupos de profesionales de la enseñanza, buscando tanto el autoempleo como el desarrollo profesional al margen de los canales ya establecidos, públicos o confesionales.

La presencia de estos nuevos agentes en el sector (mayoritariamente, pero no exclusivamente, cooperativas de profesores) provocó la rápida obsolescencia, en la práctica, de ciertos principios y reglas de la LODE y de su normativa de desarrollo, a pesar de lo cual (sorprendentemente, o quizá no tanto: eso es debatible), dicha normativa ha seguido vigente hasta hoy.

Lo cierto es que, si las entidades actualmente titulares de centros educativos concertados independientes quieren conseguir lo que no se niega a ninguna empresa, a saber:

  • funcionar con criterios empresariales de eficacia en la gestión, y aplicar y desarrollar sistemas de calidad;
  • amortizar las inversiones realizadas para la puesta en marcha de la actividad;
  • consolidar los puestos de trabajo y remunerarlos adecuadamente;
  • obtener un honesto, legítimo y razonable retorno de las inversiones realizadas, tanto en capital como en tiempo y trabajo;

En cualquiera de estos aspectos no pueden en forma alguna esperar que el sistema de conciertos, de por sí, tal y como está establecido, les permita cumplir ninguno de tales objetivos. Las empresas y grupos de profesionales que gestionan estos centros concertados independientes tendrán que manejarse en las “zonas grises” de la normativa para conseguir ingresos, bien por aportaciones voluntarias o a título gratuito de las familias (algo, por supuesto, totalmente legal, y cada vez más frecuente), bien por cuotas por actividades o servicios (cuotas que, aunque a priori sean "no lucrativas", al menos sí pueden coadyuvar, según la normativa, al mantenimiento y mejora de las instalaciones de los centros).

En resumen, está claro que el actual sistema de conciertos es totalmente insuficiente para atender las expectativas razonables de las empresas y organizaciones que gestionan centros concertados independientes. No obstante, lo que a veces se nos olvida es que tales insuficiencias no son circunstancias sobrevenidas, inesperadas o casuales, sino que derivan del propio diseño inicial del sistema. Se puede decir que los centros independientes han prosperado más “a pesar de” que “gracias a” los principios y las reglas del sistema.

En este momento hay atisbos, un tanto contradictorios, de posibles cambios en el modelo de conciertos educativos, cambios debidos más a circunstancias externas -la omnipresente crisis económica- que a una auténtica voluntad de los agentes (gobiernos central o autonómicos, organizaciones sectoriales, grupos empresariales) de actualizar en profundidad el sistema. Y lo cierto es que las crecientes exigencias en materia de calidad, y los mayores costes de amortización de las inversiones necesarias para crear un centro educativo no universitario, hacen imprescindibles tales cambios. Al menos, en eso estamos en la Asociación Escuela Excelente.

Antonio Monsalvo

Abogado, secretario de Escuela Excelente.

 

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