Área Privada

Comunicado de Escuela Excelente frente a las las declaraciones de la Sra. Ministra en funciones

ESCUELA EXCELENTE, como Organización representativa e independiente, que entiende la enseñanza como un servicio público de calidad, que trabaja por y para sus alumnos, y para la mejora de los modelos educativos y de gestión de sus Centros, quiere mostrar su preocupación por las declaraciones de la Sra. Ministra de Educación y Formación Profesional (en funciones) doña María Isabel Celaá Diéguez, sobre la libertad de elección de centro por parte de las familias.

Como es sabido, la Constitución Española de 1978 elevó la educación al rango de derecho fundamental de las personas (artículo 27.1 CE), obligando de esta manera a los poderes públicos a establecer y sostener la educación como un servicio público accesible, gratuito y universal en niveles obligatorios (art. 27.4 CE). No sólo eso, la Constitución también reconoce, en el mismo artículo, y como concreciones de ese derecho a la educación, la libertad de enseñanza (art. 27.1 CE) y la libertad de creación de centros docentes (art. 27.6 CE). Se dice por parte de la Sra. Ministra «…que la libertad de enseñanza no implica que los padres puedan elegir ni centro ni enseñanza religiosa para sus hijos…». Queremos mostrar nuestra discrepancia con este comentario, ya que el derecho a la educación –entendido como derecho de prestación– queda garantizado precisamente a través del carácter obligatorio y gratuito de la enseñanza básica (art. 27.4 CE); el deber de los poderes públicos de garantizar dicha obligatoriedad y gratuidad a través de la programación general de la enseñanza y la creación de centros docentes (art. 27.5 CE); y, el deber de inspección y homologación general del sistema educativo en su conjunto (art. 27.8 CE).

“Queremos mostrar nuestra discrepancia con este comentario, ya que el derecho a la educación –entendido como derecho de prestación– queda garantizado precisamente a través del carácter obligatorio y gratuito de la enseñanza básica”

En este contexto, no conviene que olvide la Sra. Ministra, ni ningún ciudadano de nuestro país, que la Enseñanza concertada es actualmente, y va a continuar siendo en el futuro, una institución absolutamente clave para garantizar la escolarización universal y gratuita de los niños y las niñas de nuestro país. Sin los Centros concertados, los poderes públicos (Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) no podrían, en forma alguna, cumplir los expresados mandatos constitucionales.

Hoy en día, la mayoría de los Centros educativos concertados –como, sin ir más lejos, los de nuestra organización– estamos empeñados en mejorar día a día este servicio público, incrementar su calidad y la eficacia empresarial de los Centros, el bienestar y el desarrollo personal y social de las niñas y niños, fomentando el espíritu crítico, la curiosidad, el amor al conocimiento y el valor de la cooperación y la solidaridad.

La libertad de enseñanza no es, ni más ni menos, que la plasmación del pluralismo ideológico y social en el ámbito educativo, que tiene su base en las libertades ideológica y religiosa del artículo 16 de la Constitución Española, y comprende, entre otras muchas facetas, el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral que resulte acorde con sus convicciones (art. 27.3 CE), y el derecho de las personas físicas o jurídicas privadas a crear instituciones educativas (art. 27.6 CE), pudiendo dotar a éstas de un ideario propio.

Decía Sócrates que «sólo hay un bien: el conocimiento, y sólo hay un mal: la ignorancia». También don Antonio Machado comentaba que los derechos no son graciosamente concedidos, sino conquistados, y  «…que dos y dos sean necesariamente cuatro, es una opinión que muchos compartimos, pero si alguien sinceramente piensa otra cosa, que lo diga, aquí no nos asombramos de nada». Dicho de otro modo, existen múltiples formas de educar y de entender la educación, múltiples modelos educativos, no debiendo los poderes públicos imponer a las familias un modelo único y monocorde. Son los padres y las madres quienes tienen que decir qué modelo educativo y qué tipo de centro es más acorde a sus propias convicciones –y no sólo en lo religioso o ideológico, sino, más ampliamente, en cuanto a los valores en que quieren que sus hijos e hijas sean formados como personas–.

Y todo esto –mal que le pueda pesar a la Sra. Ministra, o a otros sectores interesados– no sólo es una cuestión de principios constitucionales, sino que inspira ya el ordenamiento jurídico positivo. Por ejemplo, cabe mencionar el Decreto 29/2013, de 11 de abril, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, de libertad de elección de centro escolar en la Comunidad de Madrid, en cuya exposición de motivos se recoge algo similar a lo que ahora estamos recordando:

«La Constitución española establece, entre los principios básicos que desarrollan el derecho a la educación, el derecho de los padres, según sus convicciones, para educar a sus hijos menores. La libertad de las familias para elegir el centro escolar de sus hijos debe, en consecuencia, erigirse en postulado básico del que se deriven cuantas disposiciones normativas regulen la admisión de los alumnos en los centros sostenidos con fondos públicos.

Y cuyo artículo 2 estipula:

«Artículo 2 .- Principios generales

»La libertad de elección de centros docentes sostenidos con fondos públicos, que se ejercerá a través del proceso de admisión de alumnos, se fundamenta en los siguientes principios:

»a) Derecho a la educación de calidad sostenida con fondos públicos. Todos los alumnos incluidos en las edades de enseñanza obligatoria tienen derecho a una plaza escolar sostenida con fondos públicos que les garantice una educación de calidad

También podemos citar la doctrina plasmada en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 5 de junio de 2000 [recurso 7500/1999]:

«El derecho de los padres a la elección de centro docente para sus hijos, ha de señalarse, como ya ha puesto de relieve el TS, en sentencias 24 Ene. 1985 y 26 Abr. 1990, entre otras, que aunque no viene expresamente enunciado en el art. 27 CE, sí aparece reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en diversos tratados y acuerdos internacionales ratificados por España que por imperativo del art. 10.2 CE deben ser tenidos en cuenta para interpretar las normas relativas a los derechos fundamentales y libertades que la propia Constitución reconoce. En la última de las citadas sentencias, establece que, “El derecho a la elección de centro docente, es una consecuencia de la libertad de enseñanza y de creación de centros docentes, derechos reconocidos expresamente en el art. 27 párrs. 1 y 6 del Texto Constitucional. Consiste en el derecho de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos –art. 26.3 Declaración Universal de Derechos Humanos– o como dice el art. 13.3 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Nueva York, la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas.»

En conclusión, frente a las dudas y temores que las declaraciones de la Sra. Ministra en funciones está generando en nuestro sector, desde ESCUELA EXCELENTE reclamamos del nuevo Gobierno de la Nación que ha de constituirse próximamente:

Que vuelva a considerar la enseñanza no como un gasto, sino como una inversión a largo plazo, cuyos logros se ven con el paso del tiempo, pero que es la mejor inversión posible, porque lo es en nuestros hijos e hijas, es decir, en el futuro de España.

Que, consecuentemente, se reviertan definitivamente todas las políticas de recortes presupuestarios, en todos los niveles sostenidos con fondos públicos (Centros públicos y Centros concertados), de forma que se garantice la adecuada financiación de los Centros educativos, y la adecuada y digna remuneración del trabajo del personal docente y no docente de todos los sectores educativos, tanto en la Escuela pública como en la concertada.

Y quizás lo más importante: que se garantice un marco legislativo estable y consensuado, con objetivos y estrategias de medio y largo plazo, y dentro en todo caso de los principios y objetivos marcados por la Constitución Española –entre los cuáles, por descontado, se encuentran las libertades tanto de elección de centro, como de creación de centros educativos–. No es de recibo que cada nuevo Gobierno quiera modificar la legislación educativa, el diseño del sistema educativo o los procedimientos de financiación de tal sistema, a menudo entrando en conflicto con las demás fuerzas políticas: son los Centros, y al final, los alumnos, los que sufren las consecuencias de tales vaivenes. Esperamos entrar en una fase de cierta estabilidad política, que también suponga estabilidad –legislativa y financiera– para todo el sistema educativo sostenido con fondos públicos.

Madrid, dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve.

 

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